En un informe publicado a principios de esta semana, la Junta IV dijo que los procedimientos relacionados con la disolución o suspensión de empresas son actualmente una de las mayores barreras para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
En concreto, los empresarios señalaron que los trámites relacionados con la disolución o suspensión de una actividad son más largos y complicados que los de constitución de una empresa. Esta complejidad proviene del hecho de que los organismos gestores no están sincronizados y no se ponen de acuerdo sobre los procedimientos de procesamiento. Un ejemplo típico es que si bien la Dirección General de Impuestos no lo exige, algunas ramas tributarias aún obligan a las empresas a reanudar operaciones para cerrar sus códigos tributarios. Esto hace que las empresas gasten más tiempo y dinero en informes fiscales y otros procedimientos, incluso cuando la empresa ya no está en funcionamiento.
Además, según los comentarios de las empresas, no recibieron apoyo ni orientación claros por parte de los organismos de gestión durante el proceso de disolución. Además, como tienen que resolver los procedimientos por sí mismos, a menudo las empresas pierden sus archivos debido a documentos faltantes o procedimientos incorrectos, lo que aumenta el tiempo de procesamiento.
Los procesos complejos, inconsistentes e inflexibles y la falta de apoyo y orientación de las agencias reguladoras no sólo aumentan el costo de la disolución, sino que también ponen a muchas empresas en dificultades financieras, prolongan el tiempo de procesamiento y reducen la motivación para completar la disolución. Muchas empresas se ven obligadas a ampliar su horario de funcionamiento sólo en el papel para evitar costes de disolución, cuando en realidad ya no están en condiciones de operar con eficacia.
La competencia en el mercado es feroz, por lo que junto con decenas de miles de empresas que nacen cada año, también hay decenas de miles de empresas que se retiran del mercado por quiebra o disolución, siendo la disolución la forma más común. Según datos del Portal Nacional de Registro Empresarial, en 2024 se disolverán 21,6 mil empresas; y más de 76,1 mil empresas esperan procedimientos de disolución. Hay muchas razones por las cuales las empresas no pueden seguir operando, como por ejemplo negocios ineficaces, debilidad financiera, cambios en el mercado, etc.
Si se logran disolver rápidamente decenas de miles de estas empresas, no sólo contribuirá a reducir la carga sobre las empresas, sino que también beneficiará a la economía en general y al mercado empresarial en particular. Por ejemplo, un procedimiento de disolución rápido ayudará a las empresas a cumplir adecuadamente sus obligaciones legales, evitando así problemas que puedan surgir más adelante. O, si la disolución no es demasiado difícil, los empresarios también pueden estar dispuestos a experimentar con nuevos modelos de negocio sin preocuparse demasiado por los complicados procedimientos que conlleva el querer cerrar un negocio fallido…
Se propone modificar la Ley de Empresas de 2020, esta es una oportunidad para revisar, reformar y mejorar los procedimientos de disolución de empresas en una dirección más favorable para ayudar a las empresas que ya no necesitan existir a disolverse y retirarse del mercado de manera rápida y legal. Esto contribuirá a construir un ambiente empresarial transparente y saludable, así como a promover el espíritu emprendedor y la innovación en la economía; estos también son factores muy importantes para que la economía privada pueda cumplir su misión como principal motor de crecimiento del país y una fuerza pionera en la nueva era.
Fuente: https://daibieunhandan.vn/cai-cach-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-post408754.html
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