Una pequeña parte de ellos son registrados por sus familias para estudiar en universidades internacionales o en programas de formación conjuntos entre universidades vietnamitas y universidades extranjeras. Algunos otros van al extranjero a estudiar realmente y otros eligen la formación vocacional porque sienten que es adecuada para ellos.
El resto, un gran número, no puede asistir a la universidad porque no puede pagar los gastos de matrícula. Muchos de ellos tienen talentos y habilidades profesionales que, si se les capacita adecuadamente, podrían convertirse en buenos trabajadores y técnicos capaces de ganarse la vida con su propio trabajo. Se pueden clasificar como personas vulnerables que necesitan apoyo de las autoridades y de la comunidad para poder llevar a cabo planes para establecerse y hacer una carrera.
La formación profesional se considera de calidad cuando cumple dos criterios: la profesión formada debe ser una profesión real y demandada; Los centros de formación profesional deben estar bien equipados y contar con un equipo de profesores vocacionales capacitados y dedicados. El Estado, a través de los organismos competentes, debe realizar de manera proactiva investigaciones serias sobre las tendencias profesionales predominantes, para así adaptar la formación profesional en consecuencia.
Con base en esa definición, el Estado alienta a las instituciones de formación profesional a revisar periódicamente los programas de formación, adoptando así las medidas adecuadas para reformar el sistema de formación: adaptando el programa operativo de acuerdo con las nuevas exigencias de la profesión; cerrar programas que ya no tienen perspectivas de carrera; Desarrollar nuevos programas para responder a las profesiones emergentes.
Para estimular a las instituciones de formación profesional a modernizar rápidamente sus sistemas de formación, es posible considerar la creación de un fondo de financiación de la formación profesional y llamar a las instituciones de formación profesional a desarrollar proyectos de innovación según criterios específicos y comprometerse a utilizar la financiación para implementar adecuadamente los proyectos aprobados. El criterio número 1 es: aprender un oficio para trabajar, no sólo para saberlo o para seguir aprendiendo.
Para los estudiantes de formación profesional, el Estado puede, a través del Banco de Política Social, proporcionar préstamos con tasas de interés preferenciales y condiciones de reembolso viables para que los estudiantes puedan cubrir sus costos de estudio y pagar los préstamos después de graduarse y tener trabajo sin gran presión.
Un gran número de personas que necesitan formación profesional viven en zonas rurales y remotas. No se pueden negar los desafíos que enfrentan los centros de formación profesional, especialmente los privados, a la hora de participar en la explotación de esta cuota de mercado de la formación: los costos de inversión pueden ser altos debido a la necesidad de ubicar los centros de formación en zonas remotas; La capacidad de pago de los estudiantes en zonas rurales y remotas es menor que la de los estudiantes en zonas urbanas; La calidad de entrada de los estudiantes es baja, por lo que es necesario diseñar un programa y un método de enseñanza específicos para lograr los estándares de salida.
El Estado también necesita contar con políticas especiales de apoyo para que las instituciones de formación profesional puedan asumir con valentía la tarea de atender a estos alumnos especiales. Es necesario organizar vínculos estrechos entre las instituciones de formación y las empresas para que los alumnos tengan garantizados empleos estables después de graduarse.
Por su parte, los aprendices deben comprometerse a trabajar en la empresa afiliada designada durante un período mínimo de tiempo, llamado período de servicio, antes de ser libres de buscar empleo.
Según Tuoi Tre
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