Cuba acaba de condenar a 203 funcionarios a penas de entre 2 y 22 años de prisión por malversación de fondos, cohecho, falsificación de documentos, robo y daños a documentos, sellos o propiedad pública.
Según el diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, los condenados eran miembros de varias empresas estatales de la industria alimentaria, culinaria y tabacalera de la capital habanera y habían “causado pérdidas millonarias” al país mediante diversas maniobras.
Según el diario Granma, además de las sanciones de prisión, las autoridades han aplicado 383 medidas disciplinarias, de las cuales el 95 por ciento fueron despidos. Últimamente, los medios de comunicación estatales cubanos han enfatizado con frecuencia una postura dura contra el crimen y la corrupción. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también pidió a los fiscales tolerancia cero ante la corrupción en “sus diferentes formas y niveles” porque estos actos “erosionan los cimientos morales de la sociedad”.
Según la vicepresidenta del Consejo de Estado y auditora general del Estado de Cuba, Gladys Bejarano, Cuba ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, comprometiéndose a prevenir y enfrentar la corrupción. La Sra. Bejarano destacó que es imposible aspirar a construir una mejor sociedad, un mejor país o formar buenas personas si no se aplican efectivamente medidas anticorrupción. Afirmó que Cuba está decidida a obligar a los funcionarios y directivos a ser modelos a seguir, y su conducta debe contribuir positivamente a la formación de la sociedad que Cuba construye y desea para las futuras generaciones.
Según el jefe de la industria auditora de Cuba, hay casos de corrupción que trascienden las fronteras nacionales. Es por ello que Cuba presta especial atención a la cooperación internacional y concluye acuerdos bilaterales de asistencia mutua, así como con organizaciones internacionales pertinentes. Por lo tanto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el único instrumento universal jurídicamente vinculante para combatir este delito y es reconocida por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Khan Minh
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