Según la ley revisada, el gobierno japonés podrá deportar a personas que no puedan proporcionar un motivo razonable para obtener el estatus de refugiado después de haber sido rechazados tres veces.
El Parlamento de Japón aprobó el 9 de junio un proyecto de ley para modificar la ley de inmigración y refugiados, permitiendo a las autoridades deportar a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas varias veces.
La cámara alta del parlamento japonés promulgó la ley revisada con el apoyo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), el socio de coalición del PLD, Komeito, y otras fuerzas de oposición relativamente conservadoras.
Actualmente, Japón no está repatriando a ciudadanos extranjeros que están siendo considerados para el estatus de refugiados. Las autoridades de inmigración sospechan que muchas personas han abusado de este mecanismo al solicitar asilo varias veces para continuar su estancia en Japón.
Según la ley revisada, el gobierno japonés reducirá las detenciones de largo plazo en centros de inmigración y fomentará la deportación de extranjeros que no cumplan con las órdenes de deportación y permanezcan en el país más tiempo del permitido por sus visas.
Las estadísticas de la Agencia de Asuntos de Inmigración y Residencia de Japón muestran que, a fines de 2022, 4.233 ciudadanos extranjeros no regresaron a su país de origen a pesar de recibir solicitudes de las autoridades japonesas.
La ley modificada permitiría al gobierno deportar a personas que no puedan proporcionar una razón válida para que se les conceda asilo después de haber sido rechazados tres veces.
Para brindar apoyo a los extranjeros de áreas afectadas por conflictos, la ley revisada otorga el estatus de “cuasi-refugiado”, permitiéndoles permanecer en Japón incluso si no cumplen los criterios para ser reconocidos como refugiados elegibles.
En un esfuerzo por prevenir la detención prolongada, el gobierno japonés permitirá que las personas que buscan asilo vivan fuera de las instalaciones de inmigración bajo la supervisión de familiares o partidarios para evitar el riesgo de fuga.
Sin embargo, algunos han cuestionado la eficacia del mecanismo, argumentando que supondría una carga para los supervisores.
El opositor Partido Democrático Constitucional ha propuesto crear un organismo de terceros para supervisar el proceso de reconocimiento de refugiados. Este proceso lo gestionan actualmente las autoridades de inmigración.
La coalición gobernante rechazó la propuesta y en su lugar incluyó algunos cambios menores en la ley revisada, como capacitar a los funcionarios de inmigración sobre cómo evaluar a los solicitantes de asilo.
El número de solicitudes de asilo aceptadas en Japón es muy bajo en comparación con Estados Unidos y algunos países europeos, que normalmente aceptan más de 10.000 solicitantes de asilo cada año.
En 2022, Japón concedió el estatus de refugiado a 202 personas de un total de 12.500 solicitudes.
Fuente
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